El pasado de Chile, que alberga el asentamiento más antiguo del continente americano, empieza a desenterrarse y estudiarse. El país ha llegado lejos desde sus inicios como remanso del Imperio español. La cultura actual aún soporta el peso de una pequeña élite terrateniente, una gran industria minera y políticos que tanto frustran como luchan por las reformas. Su capacidad de resistencia ha hecho que Chile sea uno de los países más estables e influyentes de Hispanoamérica.
La huella del pie de un niño en un terreno pantanoso hizo tambalear los cimientos de la arqueología americana en la década de 1980. La pisada, de unos 12 500 años, constató la presencia humana en Monte Verde, cerca de Puerto Montt. Otros restos la evidencian hasta 33 000 años atrás. Estas controvertidas dataciones invalidan el modelo Clovis, según el cual los primeros pobladores de América llegaron a través de un puente de tierra sobre el estrecho de Bering hace 11 500 años y después se fueron dispersando hacia el sur. Nuevas teorías sugieren que se produjeron múltiples entradas o desembarcos. En el histórico congreso de 1998, el yacimiento de Monte Verde fue reconocido como el asentamiento más antiguo de América, aunque descubrimientos arqueológicos más recientes, ubicados sobre todo en Nuevo México, se remontan a 40 000 años atrás.
La mayor parte de los restos precolombinos del país se ha hallado en el norte de Chile gracias a la aridez del desierto. La cultura nómada de Chinchorro dejó las momias conocidas más antiguas. En los cañones del desierto del norte, los aimaras cultivaban maíz y patatas y criaban llamas y alpacas. También en los confines del norte, la cultura atacameña ha dejado vestigios bien conservados, como momias y tabletas ornamentadas empleadas para preparar sustancias alucinógenas. Las de El Molle y Tiahuanaco dejaron cerámicas, petroglifos y enormes geoglifos aún visibles en el norte. Los pescadores camachos ocupaban las zonas costeras del norte, y los diaguitas habitaban los valles y ríos del interior.
La invasora cultura inca gozó de una breve supremacía en el norte de Chile, pero su preponderancia apenas tocó el Valle Central y los bosques del sur, donde los agricultores picunches y araucanos se resistieron ferozmente a los ataques. Mientras tanto, los cuncos pescaban y cultivaban la tierra en la isla de Chiloé y en las costas de los golfos de Reloncaví y Ancud.
En 1495, y prescindiendo de las poblaciones indígenas, dos superpotencias de la época se dividían el continente americano: España y Portugal. A mediados del s. XVI, los españoles dominaban desde Florida y México hasta el centro de Chile. Aunque escasos en número, los conquistadores eran hombres valerosos, imbuidos de un espíritu de cruzada y movidos por una fuerte ambición. A pesar de su superioridad militar, sobre todo en armas de fuego y caballos, su principal aliado fueron las enfermedades infecciosas, para las que los nativos no estaban inmunizados.
La primera incursión de los españoles al norte de Chile se llevó a cabo en 1535 bajo las órdenes de Diego de Almagro a través de los helados pasos andinos. Aunque fracasó, allanó el terreno a la expedición de Pedro de Valdivia de 1540. Tras sobrevivir a la sequía del desierto, llegaron al fértil valle del Mapocho en 1541. Valdivia sometió a los grupos indígenas de la zona y fundó Santiago el 12 de febrero. Seis meses después, los indígenas arrasaron la ciudad y se apoderaron de casi todas las provisiones de los colonos. Pero los españoles no cejaron y la población fue creciendo. Cuando Valdivia murió en 1553 a manos de los araucanos, capitaneados por los caciques Caupolicán y Lautaro, había fundado ya numerosas poblaciones y colocado los cimientos de una nueva sociedad.
La codicia de oro y plata estuvo presente en la agenda española, pero pronto se dieron cuenta de que la auténtica riqueza del Nuevo Mundo era su contingente humano. El sistema de la encomienda, que permitía a los españoles beneficiarse del trabajo indígena, se estableció con facilidad en el norte de Chile, donde la población nativa estaba muy organizada e incluso habituada a formas similares de explotación.
Los españoles también dominaron el centro de Chile, pero los pueblos semisedentarios y nómadas del sur opusieron una tenaz resistencia. Los caballos montaraces de las pampas argentinas ayudaron a los mapuches a aumentar su movilidad y capacidad de ataque.
Pese a la oposición de la Corona, Valdivia recompensó a sus seguidores con enormes extensiones de tierra. Estos latifundios, muchos de los cuales permanecieron intactos hasta finales de la década de 1960, fueron una constante en la agricultura y la sociedad chilena.
Los mestizos, hijos de españoles y nativos, pronto superaron en número a la población indígena, mermada por las epidemias, el trabajo forzado y la guerra. Esta nueva aristocracia chilena acabó instalándose en las grandes haciendas.
Los movimientos independentistas que nacieron entre 1808 y 1810 surgieron del auge de la clase criolla (descendientes de españoles nacidos en América), que ansiaba el poder político. Para facilitar la recaudación fiscal, la metrópoli decretó que todo el comercio pasase por tierra a través de Panamá en vez de enviarse directamente por mar. Este complicado sistema obstaculizó el comercio y avivó el malestar.
Durante la época colonial, Chile era una subdivisión del virreinato de Perú llamada Audiencia de Chile, que abarcaba desde la actual Chañaral hasta Puerto Aysén, más las provincias, hoy en día argentinas, de Mendoza, San Juan y San Luis. Chile se desarrolló casi aislado de Perú, lo que forjó identidades muy diferenciadas.
En la década de 1820 estallaron por toda América del Sur movimientos independentistas. Desde Venezuela, un ejército criollo al mando de Simón Bolívar se abrió paso hasta Perú. El libertador argentino José de San Martín penetró en Chile a través de los Andes, ocupó Santiago y llegó por mar hasta Lima.
San Martín designó a Bernardo O’Higgins subgeneral en jefe de sus fuerzas. O’Higgins, hijo bastardo de un irlandés que había sido virrey de Perú, se convirtió en mandatario supremo de la nueva república chilena, y ayudó a expulsar a los españoles de Perú transportando su ejército en barcos capturados a los españoles o adquiridos a británicos y estadounidenses, quienes aspiraban a ocupar el dominio del sur americano. Por ello, el escocés Thomas Cochrane, antiguo oficial de la Royal Navy, fundó y dirigió la Marina chilena.
Maltrecho pero alentado por la independencia, Chile era una fracción del país actual y compartía unas poco claras fronteras con Bolivia, Argentina y los hostiles mapuches, que vivían al sur del río Biobío. Políticamente estable, desarrolló pronto la agricultura, minería, industria y comercio. O’Higgins dominó la política durante cinco años tras la declaración de independencia de 1818, pero la élite terrateniente se opuso al aumento de los impuestos, a la abolición de los títulos y a las limitaciones en materia de sucesiones. Obligado a dimitir en 1823, O’Higgins se exilió en Perú.
Diego Portales fue ministro del Interior y dictador de facto hasta su ejecución, tras un levantamiento, en 1837. Su Constitución centralizó el poder en Santiago, limitó el sufragio a los propietarios y creó elecciones indirectas para la presidencia y el Senado.
El final del s. XIX fue una época de fronteras cambiantes. Los tratados con los mapuches (1881) colocaron los territorios del sur bajo soberanía chilena. Forzado a ceder gran parte de la Patagonia a Argentina, Chile reforzó su presencia en el Pacífico con la anexión de la remota isla de Pascua (Rapa Nui) en 1888.
La expansión de la minería dio origen a una nueva clase obrera y también a una casta de nuevos ricos; todos ellos desafiaron el poder de los terratenientes. El primer político que intentó corregir la mala distribución de la riqueza nacional fue el presidente José Manuel Balmaceda, elegido en 1886. Su Gobierno acometió proyectos de obras públicas que mejoraron escuelas y hospitales, pero en 1890 fue destituido.
El almirante Jorge Montt fue elegido para liderar el Gobierno provisional. En la guerra civil subsiguiente, la Marina de Montt controló los puertos y derrocó al gobierno. Murieron diez mil personas y Balmaceda se suicidó.
La economía chilena se resintió de su dependencia de los nitratos (salitre), que habían sido sustituidos por nuevos fertilizantes derivados del petróleo. La apertura del canal de Panamá en 1914 dejó casi obsoleta la ruta del cabo de Hornos y sus muchos puertos chilenos.
Tras varios períodos de liderazgo débil, distintos grupos de izquierdas impusieron una breve república socialista. Las luchas internas dividieron al Partido Comunista, y las facciones escindidas de los partidos Radical y Reformista crearon una mezcla de organizaciones políticas. Durante gran parte de las décadas de 1930 y 1940 la izquierda democrática dominó la política chilena.
Desde principios del s. XX, las empresas estadounidenses se habían hecho con el control de las minas de cobre, y la II Guerra Mundial hizo crecer la demanda de este metal propiciando el crecimiento económico.
En la década de 1920, las haciendas controlaban el 80% de la tierra cultivable. Los arrendatarios seguían estando a merced de los latifundistas y hasta su voto pertenecía a estos. Estas haciendas no se modernizaron y la producción se estancó hasta la década de 1960.
El antiguo orden recelaba del sentimiento reformista, así que conservadores y liberales unieron sus fuerzas y eligieron un candidato común, Jorge Alessandri, quien ganó las elecciones de 1958. El Congreso, con mayoría opositora, obligó a Alessandri a aceptar una moderada reforma agraria.
Las elecciones presidenciales de 1964 enfrentaron a Salvador Allende y el democristiano Eduardo Frei Montalva, que obtuvo el apoyo de los grupos conservadores. Ambos partidos prometieron la reforma agraria y el fin del sistema de haciendas, y apoyaron la sindicación rural. El fraccionamiento del voto de la izquierda perjudicó a Allende y Frei venció por un cómodo margen.
Los democristianos, comprometidos con la transformación social, intentaron controlar la inflación, equilibrar la balanza comercial y aplicar las reformas. Su política amenazaba los privilegios de las clases dominantes, pero también el tradicional apoyo de los obreros a la izquierda radical.
La economía del país había empeorado bajo el mandato de Alessandri, lo que forzó a muchos desposeídos a emigrar a las ciudades, que se llenaron de “callampas” (chabolas). También hubo protestas en el sector de las exportaciones: el presidente Frei abogaba por deshacerse de los inversores extranjeros en la industria del cobre, mientras que Allende defendía su nacionalización.
Los democristianos afrontaron también el desafío de grupos como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), nacido entre los estudiantes de clase media y alta de Concepción. El activismo también caló entre los campesinos, que ansiaban una reforma agraria. Otros grupos de izquierda apoyaron las huelgas y las ocupaciones de tierras llevadas a cabo por mapuches y braceros.
Las reformas de Frei eran demasiado lentas para la izquierda y demasiado rápidas para el conservador Partido Nacional. A pesar de la mejora en las condiciones de vida de muchos braceros y de los avances en educación y sanidad, el país se hallaba afectado por la inflación, la dependencia de mercados y capitales extranjeros, y la desigual distribución de la riqueza.
En medio de un clima de malestar político, una nueva coalición de izquierdas aunaba fuerzas. Liderada por Allende, la Unidad Popular (UP) dio forma a un programa que propugnaba la nacionalización de la minería, la banca y los seguros, además de la expropiación y el reparto de los latifundios. En las elecciones de 1970, Allende obtuvo el 36% de los votos, frente al 35% del Partido Nacional, y se convirtió en el primer presidente marxista del mundo elegido democráticamente.
Pero el país y la coalición de Allende estaban lejos de la unidad. La UP agrupaba a socialistas, comunistas y radicales con objetivos dispares. Allende tuvo que lidiar con un Congreso de mayoría opositora, los recelos del Gobierno de EE UU y una extrema derecha que propugnaba su derrocamiento por medios violentos.
El programa económico de Allende incluía la nacionalización de muchas empresas y la redistribución generalizada de la riqueza. El plan funcionó un tiempo, pero los aprensivos empresarios y terratenientes, preocupados por las expropiaciones y nacionalizaciones, vendieron a bajo precio acciones, maquinaria y ganado. La caída en picado de la producción industrial provocó desabastecimiento, una inflación desbocada y la aparición del mercado negro. Los campesinos, frustrados por la reforma agraria, ocuparon las tierras y la producción agrícola se hundió. El Gobierno tuvo que utilizar las escasas divisas disponibles para importar alimentos.
La política chilena se polarizaba y radicalizaba por momentos, al tiempo que muchos de los votantes de Allende lamentaban su deriva radical y su errática política económica. Para colmo, el MIR intensificó su actividad guerrillera.
La expropiación de las minas de cobre y otras empresas bajo control estadounidense, sumada a las cordiales relaciones con Cuba, provocó la hostilidad de EE UU. Más tarde, las comisiones de investigación del Congreso de EE UU revelaron que el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado, Henry Kissinger, habían conspirado contra Allende vetando la concesión de créditos a las entidades financieras internacionales y prestando apoyo a la oposición. Por otra parte, y según las memorias de un disidente soviético publicadas en el 2005, la KGB retiró su respaldo a Allende por negarse a imponer una dictadura comunista manu militari.
El Gobierno chileno intentó evitar el conflicto fijando límites muy precisos a la nacionalización; pero, por desgracia, ni la extrema izquierda, que creía que el socialismo solo podía conquistarse por la fuerza, ni la extrema derecha, que pensaba que solo la fuerza podía impedirlo, estaban dispuestos a negociar.
En 1972 Chile quedó paralizado por una huelga general de camioneros que contaba con el apoyo de los democristianos y el Partido Nacional. Viendo que la autoridad gubernamental se tambaleaba, un desesperado Allende invitó al comandante general del Ejército de Tierra, el general Carlos Prats, a que ocupara el delicado cargo de ministro del Interior. A pesar de la crisis económica, los resultados de las elecciones al Congreso de marzo de 1973 demostraron que el apoyo a Allende había crecido con relación a 1970, pero incluso así la unificada oposición reforzó su control del Congreso, lo cual evidenciaba la polarización de la política chilena. En junio de 1973 se produjo una intentona golpista fallida.
Al mes siguiente, los camioneros y otros sectores derechistas declararon de nuevo una huelga. Ya sin apoyos militares, el general Prats dimitió y fue sustituido por el general Augusto Pinochet Ugarte, oscuro personaje a quien tanto Prats como Allende creían leal al Gobierno constitucional.
El 11 de septiembre de 1973 Pinochet llevó a cabo un brutal golpe de Estado que derribó al Gobierno de la UP y causó la muerte de Allende (por suicidio) y la de miles de sus seguidores. La policía y el ejército detuvieron a miles de izquierdistas, sospechosos de serlo y a simpatizantes, muchos de los cuales fueron confinados en el Estadio Nacional de Santiago, torturados e incluso ejecutados. Cientos de miles de chilenos marcharon al exilio.
Los militares justificaron el empleo de la fuerza alegando que el Gobierno de Allende había propiciado el caos político y económico. Es cierto que la incapacidad política causó el “caos económico”, pero no lo es menos que los sectores reaccionarios, animados y secundados desde el extranjero, engordaron la escasez, lo que creó un mercado negro que enrareció aún más la convivencia. Allende creía en la democracia, pero su incapacidad o renuencia a controlar las facciones situadas a su izquierda aterrorizaron tanto a la clase media como a la oligarquía.
Muchos líderes de la oposición, algunos de los cuales habían apoyado el golpe, esperaban una rápida vuelta al poder civil constitucional, pero no así el general Pinochet, quien de 1973 a 1989 encabezó una junta militar que disolvió el Congreso, ilegalizó los partidos de izquierda y prohibió casi toda actividad política, gobernando a golpe de decretos. Tras acceder a la presidencia en 1974, Pinochet se empleó a fondo en reordenar la política y la economía del país mediante la represión, la tortura y el asesinato. La “Caravana de la Muerte”, un grupo de militares que viajaba en helicóptero de una ciudad a otra, sobre todo en el norte de Chile, asesinó a muchos opositores. Los detenidos procedían de todas las esferas sociales: desde campesinos hasta profesores universitarios. Cerca de 35 000 fueron torturados y 3000 desaparecieron durante los 17 años de su dictadura.
El CNI (Central Nacional de Informaciones) y con anterioridad la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) aplicaron con afán el terrorismo de Estado. Se perpetraron asesinatos en el extranjero: un coche bomba mató en Buenos Aires al general Prats un año después del golpe, el democristiano Bernardo Leighton sobrevivió a un tiroteo en Roma en 1975 y el ministro de Asuntos Exteriores de Allende, Orlando Letelier, fue el asesinato en 1976 al estallar su automóvil con una bomba en Washington.
En 1977 un miembro de la Junta Militar, el general de Aviación Gustavo Leigh, consideró tan exitosa la campaña contra la subversión que propuso el regreso al poder civil; pero Pinochet lo obligó a dimitir, asegurando así la preeminencia del Ejército y su propia perpetuación en el poder. En 1980 Pinochet se sintió lo bastante confiado como para proponer a la ciudadanía una nueva Constitución hecha a su medida. En un plebiscito con muy poco margen de elección, unos dos tercios de los votantes aprobaron la nueva Carta Magna y ratificaron la presidencia de Pinochet hasta 1989, aunque muchos se abstuvieron en señal de protesta.
Las fracturas internas del régimen empezaron a manifestarse hacia 1983, cuando la izquierda se atrevió a salir a la calle y comenzaron a formarse grupos opositores en las barriadas periféricas. Los partidos políticos también empezaron a reagruparse, si bien hubo que esperar hasta 1987 para que funcionaran con normalidad. A finales de 1988, y en un intento de ampliar su presidencia hasta 1997, Pinochet convocó otro plebiscito; pero en esta ocasión fracasó.
En las elecciones pluripartidistas de 1989, fue elegido el democristiano Patricio Aylwin, candidato de una coalición opositora, Concertación de Partidos por la Democracia. Consolidada la democracia, tras el mandato de Aylwin llegó otro presidente de Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
La Concertación mantuvo las políticas de libre mercado de Pinochet, pero los senadores militares designados por el dictador aún pudieron bloquear otra reforma. En 1998, Pinochet se retiró del Ejército y asumió su cargo como senador vitalicio, en parte porque esta condición le otorgaba inmunidad frente a un posible procesamiento en Chile. Esta rémora legal nacida de la dictadura fue suprimida en el 2005.
En septiembre de 1998 la detención del general Pinochet en Londres a instancias del juez español Baltasar Garzón, que investigaba las muertes y desapariciones de ciudadanos españoles tras el golpe de 1973, causó un gran revuelo internacional.
A resultas de la detención, el entonces presidente norteamericano, Bill Clinton hizo públicos diversos documentos que probaban que EE UU había conspirado activamente para deteriorar la presidencia de Allende y crear el ambiente propicio para un golpe de Estado. Pinochet quedó bajo arresto domiciliario y durante cuatro años los abogados discutieron sobre si, en razón de su estado físico y mental, se hallaba o no en condiciones de ser enjuiciado por los crímenes cometidos por la “Caravana de la Muerte”. Tanto la Corte de Apelaciones en el 2000 como la Corte Suprema en el 2002 lo declararon incapacitado para someterse a un proceso. Los tribunales lo declararon demente y Pinochet renunció a su cargo de senador vitalicio.
Aquel parecía el final de los esfuerzos judiciales para que Pinochet respondiera del cargo de violación de los derechos humanos; pero en el 2004 el dictador apareció muy lúcido en una entrevista televisada, y el posterior rosario de sentencias lo privó de su inmunidad como antiguo jefe del Estado. Uno de los principales cargos que se le imputaron tenía relación con su presunto papel en la Operación Cóndor, una campaña coordinada entre varias dictaduras militares sudamericanas en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a los opositores de izquierda.
Los chilenos fueron entonces testigos de un vaivén de decisiones judiciales sobre el general; primero lo privaron de inmunidad, luego se revocó el fallo y después se le volvió a declarar en condiciones de ser juzgado. Las revelaciones a principios del 2005 sobre las cuentas bancarias secretas de Pinochet en el extranjero, con 27 millones de dólares, se sumaron a los cargos, implicando a su esposa y a su hijo.
A pesar de la intensa actividad legal, Pinochet nunca llegó a juicio: murió el 10 de diciembre del 2006 a los 91 años. En la plaza Italia de Santiago seis mil manifestantes se congregaron para celebrarlo, pero también hubo disturbios violentos.
En el 2014 un tribunal chileno sentó jurisprudencia al fallar una indemnización de 7,5 millones de dólares para 31 antiguos disidentes torturados y detenidos en isla Dawson. Fue la primera vez que se indemnizaba a unas víctimas torturadas en la dictadura. En el 2015 dos exoficiales de inteligencia militar fueron acusados de la desaparición y muerte de dos estadounidenses en 1973, uno de ellos el periodista Charles Horman, cuya historia inspiró la película Desaparecido (1982).
En los comicios de 2000, la Concertación logró su tercer mandato con una victoria muy justa del socialdemócrata Ricardo Lagos, que se sumaba al creciente número de gobernantes de izquierda elegidos en Sudamérica. Lagos adquirió relevancia en el 2003, pues fue uno de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que se opuso a la guerra de Iraq.
En estos años, Chile empezó a despojarse de gran parte de su tradicional conservadurismo. En el 2001 se abolió la pena de muerte y en el 2004 se ratificó la ley de divorcio. Las artes y la prensa libre volvieron a florecer, y se promulgaron más leyes a favor de los derechos de la mujer.
En el 2006, Michelle Bachelet, exministra de Defensa en el Gobierno de Lagos, fue elegida presidenta; todo un hito en la historia chilena. No solo por ser mujer, sino porque es agnóstica declarada, madre soltera y socialista, es decir, representa todo aquello contrario a la tradición chilena. Su padre, Alberto Bachelet, fue general del Ejército del Aire y durante el mandato de Pinochet fue detenido y murió; Bachelet también fue detenida y torturada, pero tras su puesta en libertad se exilió en el extranjero. Su habilidad para el consenso le ayudó a cerrar viejas heridas con el Ejército y la ciudadanía. Para los votantes representó la continuidad de la política de Ricardo Lagos y de la próspera economía nacional.
Bachelet asumió la presidencia con gran popularidad, pero las divisiones dentro de su coalición (Concertación de Partidos por la Democracia) dificultaron la aplicación de reformas. También su capacidad se puso a prueba ante varias crisis de difícil respuesta. Un nuevo sistema de autobuses urbanos, Transantiago, eliminó varias rutas, dejando a miles de usuarios sin transporte. Las protestas estudiantiles del 2006 y el 2007 alertaron al Gobierno. Pero fue un gran desastre natural lo que consiguió aunar de nuevo al pueblo en torno a Bachelet.
En la madrugada del 27 de febrero del 2010, uno de los mayores terremotos jamás registrados sacudió la costa del centro de Chile. De 8,8 grados de magnitud en la escala de Richter, causó una destrucción masiva y desencadenó tsunamis en el litoral y en el archipiélago Juan Fernández que costaron la vida a 525 personas. Las aseguradoras cifraron los daños en miles de millones de dólares.
Tras algunos saqueos en las zonas afectadas, pronto se volvió a la normalidad. El Teletón, un evento benéfico anual televisado, recaudó la inaudita cantidad de 39 millones de US$ para la causa. A varios oficiales del Gobierno se les imputaron cargos por no advertir del tsunami al archipiélago Juan Fernández. En general, el Gobierno fue elogiado por la rapidez de las obras de reconstrucción. Al mismo tiempo, la efusión de solidaridad demostrada por los chilenos fomentó el orgullo nacional.
El mandato de Bachelet estaba a punto de concluir cuando se produjo el seísmo. Tras 20 años de mandato liberal de Concertación, Chile había elegido al empresario conservador multimillonario Sebastián Piñera, del partido de centro-derecha Alianza por Chile, en teoría el primer gobierno de derechas desde Pinochet. Cuando Piñera juraba su cargo, en Santiago se produjo una réplica de magnitud 6,9. Para los comentaristas liberales, incluida la novelista Isabel Allende, aquello era toda una metáfora.
Meses después, los chilenos formaron de nuevo una piña para vitorear a los 33 mineros atrapados en la mina San José. Tras 17 días, y cuando se temía que hubiesen muerto, una sonda llegó a su refugio de emergencia. Los mineros enviaron un mensaje garabateado que el presidente Piñera leyó en directo en TV: “Estamos bien en el refugio los 33”. Los equipos de rescate trabajaron contrarreloj y todos los trabajadores lograron sobrevivir 69 días bajo tierra. Los supervivientes sufren graves secuelas: trastorno por estrés postraumático, problemas económicos y depresión. Tras el incidente se implementaron reformas mineras largamente esperadas con la adopción de la convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de seguridad minera.
Las manifestaciones, escasas durante la dictadura, son hoy un elemento habitual del paisaje político en Chile. Empezaron con el primer mandato de Bachelet, cuando los estudiantes chilenos (apodados “pingüinos” por sus uniformes) protestaban en masa por la baja calidad de la enseñanza pública. La violencia arruinó algunas protestas, pero se logró que el Gobierno mejorara la educación primaria y secundaria.
El problema es la desigualdad. En un examen nacional, los estudiantes de cuarto grado de las escuelas privadas obtuvieron un 50% más de puntuación que sus homólogos de las públicas. Menos de la mitad de los estudiantes chilenos asisten a escuelas públicas infradotadas, mientras que aquellos que en la educación privada se goza de enormes privilegios. El Gobierno de Bachelet prometió becas estatales y creó una agencia de calidad para monitorizar la educación. Con el Gobierno de Piñera, el foco volvió a la carísima formación superior, y cuando este no supo responder, los manifestantes se presentaron ante el palacio presidencial vestidos de zombis y protestando al ritmo del Thriller de Michael Jackson. El “invierno chileno” fue la mayor manifestación pública en décadas.
En febrero del 2012, las protestas ciudadanas de Puerto Aysén y Coyhaique cerraron gran parte de la provincia patagónica durante casi un mes. Unidos por los sindicatos, los manifestantes del Movimiento Social por Aysén organizaron bloqueos y cerraron carreteras, lo que anuló el mejor mes turístico de la región. Protestaban por la falta de calidad de la asistencia médica, la educación y las infraestructuras de la región, sumadas al elevado coste de la vida en las provincias más abandonadas.
Junto con las peticiones públicas, las grandes manifestaciones también fueron clave para la cancelación por parte del Gobierno del proyecto de las presas de HidroAysén, valorado en 3200 millones de dólares. Era el mayor proyecto energético jamás ideado en Chile, con cinco grandes presas en dos ríos patagónicos y un grave impacto en las comunidades y parques vecinos.
El malestar de los mapuches es otra constante. Las disputas territoriales con compañías madereras conllevaron ataques con incendios provocados que resultaron fatales entre el 2011 y la actualidad. Las relaciones con el Estado ya estaban deterioradas desde el asesinato de varios jóvenes mapuches en el 2005 y el 2008 por parte de la policía; la tensión entre el Gobierno y la comunidad mapuche, que hoy agrupa a un millón de personas, sigue muy viva.
En la primera década del milenio, Chile se alzó como la estrella de la economía, impulsada por los precios de récord que alcanzó su exportación estrella: el cobre. Cuando la crisis económica mundial sacudió el planeta, Chile siguió en pie. Fue el primer país hispanoamericano que firmó un acuerdo de libre comercio con EE UU, si bien hoy su principal socio comercial es China. Por mucho que Chile intente diversificar sus esfuerzos, el cobre sigue concentrando el 60% de las importaciones; aunque ahora que la demanda china de cobre va a la baja, el peso chileno empieza a perder valor.
Chile cerró el año 2013 eligiendo de nuevo a Michelle Bachelet como presidenta. En las primeras elecciones presidenciales en que el voto ya no era obligatorio, el resultado fue bastante bajo. Bachelet centró su administración en abordar las desigualdades. Las elecciones también auparon al Congreso a jóvenes candidatos reformadores como Camila Vallejo y Giorgio Jackson, líderes universitarios de las protestas estudiantiles.
Durante su segundo mandato, Bachelet remató asuntos pendientes. Su administración creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, legalizó el aborto en algunos casos y fomentó los derechos de la comunidad homosexual y transgénero, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Gracias a las donaciones de la Tompkins Conservation, su gobierno destinó 40 500 km2 de tierras a la creación de parques nacionales.